La trama de Aznalcóllar salpica a la ministra María Jesús Montero

La adjudicación de los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar en 2013 está siendo investigada por posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude contra la Administración. El principal acusado es Vicente Fernández Guerrero, quien fue responsable de la licitación en la Junta de Andalucía y posteriormente fue nombrado presidente de la SEPI por María Jesús Montero entre 2018 y 2019. La Audiencia de Sevilla ha iniciado un macrojuicio que involucra a 16 personas, incluyendo altos cargos del Gobierno andaluz del PSOE. Contexto de la adjudicación La adjudicación fue otorgada a Minorbis S.L.U., una empresa recién creada con 3.000 euros de capital social, en alianza con Grupo México. Esta empresa presentó su candidatura con un "Acuerdo de Pláticas" que no garantizaba ningún compromiso, lo que debería haber supuesto su exclusión automática según la legislación española. Sin embargo, fue esta empresa la que ganó el concurso, lo que ha generado sospechas sobre un posible trato de favor desde la Junta socialista de Andalucía. Implicaciones políticas La vinculación de María Jesús Montero con Vicente Fernández Guerrero ha generado controversia. A pesar de las irregularidades en la adjudicación, Montero defendió a Fernández Guerrero y mantuvo su plaza en la presidencia de la SEPI a la espera de poder recuperarlo durante la instrucción del escándalo. Esta situación ha aumentado la presión sobre la ministra y el PSOE, que enfrentan acusaciones de encubrimiento y falta de transparencia.